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ronaldh yujra
Paternidad de una ley
Por Soliz Rada Andrés - Columnista - 13/03/2010 Los Tiempos.
El 25 de febrero último, entre las 17:55 y 17:57, en el Programa “El Hombre Invisible”, de Radio “Fides”, el candidato a la Alcaldía de La Paz , Hugo San Martín, dijo ser autor del proyecto de “Ley de Investigación de Fortunas”, que está a punto de aprobarse.
Añadió, con un cinismo capaz de ruborizar a la momia de Tutankamón, que su proyecto, presentado durante su diputación (1997-2001), no tenía el carácter vengativo del actual, pero que su redacción era la misma. Lo cierto es que presentamos el proyecto el 27 de agosto de 1990, junto a la Bancada de Conciencia de Patria (Condepa) y el respaldo de otros legisladores, el que fue insuficiente para vencer a la mayoría conservadora. Año tras año, hasta que terminó mi gestión parlamentaria, en 2003, el proyecto fue repuesto. Existe la constancia legal pertinente.
Las fundaciones Hanns Seidel y Fundemos organizaron el 16 de junio de 1999 un foro sobre el proyecto de ley. Intervino mi persona como proyectista y los diputados Hugo Carvajal y Juan del Granado, el abogado Juan Antonio Rivera y el periodista Humberto Vacaflor, como comentaristas, junto a más de medio centenar de invitados que enriquecieron el debate. Las intervenciones fueron publicadas en el Nº 43 de la Revista Fundemos (“Garza Azul”, 1999). El nombre de San Martín no figura en ninguna parte.
Entre 1990 y en 2010, el proyecto fue enriquecido y precisado. Se crearon nuevos tipos penales, fue mejor sistematizado y se mejoró el seguimiento al enriquecimiento ilícito. Sin embargo, su esencia se mantuvo incólume.
Es indudable que el mérito de esta ley es del gobierno de Evo Morales, sin cuya decisión no hubiera prosperado. Sin embargo, el proyecto fue concebido como un camino para preservar y potenciar al Estado nacional, jaqueado por transnacionales, potencias extranjeras y el creciente narcotráfico. Hoy observamos con angustia que la medida más importante de este gobierno, la nacionalización de los hidrocarburos, del 1 de mayo de 2006, ha quedado desvirtuada. La segunda disposición legal más importante, la Ley de Investigación de Fortunas, es promulgada en momentos en que el país no avanza en su cohesión interna. El triunfo del país sobre la separatista “nación camba” no ha logrado una mayor integración del pueblo boliviano.
La empresa chilena “Gas de Atacama” propuso pagar la deuda histórica de los manantiales del cantón Quetena (Silala) con un porcentaje de las facturas de gas que importará de Bolivia. Pretende pagar nuestra agua con nuestro gas. La propuesta fue dirigida al Comité Cívico de Potosí y no al Gobierno Nacional. Organizaciones indígenas buscan negociar directamente con entidades internacionales la concesión de recursos renovables. El Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (Conamaq) advierte, en aviso radial, financiado por Dinamarca, que no aceptará que la próxima Ley Marco de Autonomías indígenas, territoriales, departamentales y municipales ponga límites a sus competencias.
Se ha planteado que el ingreso al Colegio Militar se oriente con criterios étnicos y lingüísticos excluyentes. Seguimos recibiendo vergonzosas limosnas foráneas: Carros bomberos de Inglaterra, vehículos para postas de salud de Francia, ambulancias de España, mientras British Gas, Total y Repsol operan con impunidad. Brasil, con sólo prometer seguir comprando gas después de 2019, acentuará aún más su dominio geopolítico sobre Bolivia. Los acuerdos con el FMI y el Banco Mundial bloquean el desarrollo nacional. Por todo lo anterior, necesitamos recuperar el espíritu de la nacionalización de los hidrocarburos, el que, junto a la Ley de Investigación de Fortunas, debería coadyuvar a detener a los disgregadores.
Por Soliz Rada Andrés - Columnista - 13/03/2010 Los Tiempos.
El 25 de febrero último, entre las 17:55 y 17:57, en el Programa “El Hombre Invisible”, de Radio “Fides”, el candidato a la Alcaldía de La Paz , Hugo San Martín, dijo ser autor del proyecto de “Ley de Investigación de Fortunas”, que está a punto de aprobarse.
Añadió, con un cinismo capaz de ruborizar a la momia de Tutankamón, que su proyecto, presentado durante su diputación (1997-2001), no tenía el carácter vengativo del actual, pero que su redacción era la misma. Lo cierto es que presentamos el proyecto el 27 de agosto de 1990, junto a la Bancada de Conciencia de Patria (Condepa) y el respaldo de otros legisladores, el que fue insuficiente para vencer a la mayoría conservadora. Año tras año, hasta que terminó mi gestión parlamentaria, en 2003, el proyecto fue repuesto. Existe la constancia legal pertinente.
Las fundaciones Hanns Seidel y Fundemos organizaron el 16 de junio de 1999 un foro sobre el proyecto de ley. Intervino mi persona como proyectista y los diputados Hugo Carvajal y Juan del Granado, el abogado Juan Antonio Rivera y el periodista Humberto Vacaflor, como comentaristas, junto a más de medio centenar de invitados que enriquecieron el debate. Las intervenciones fueron publicadas en el Nº 43 de la Revista Fundemos (“Garza Azul”, 1999). El nombre de San Martín no figura en ninguna parte.
Entre 1990 y en 2010, el proyecto fue enriquecido y precisado. Se crearon nuevos tipos penales, fue mejor sistematizado y se mejoró el seguimiento al enriquecimiento ilícito. Sin embargo, su esencia se mantuvo incólume.
Es indudable que el mérito de esta ley es del gobierno de Evo Morales, sin cuya decisión no hubiera prosperado. Sin embargo, el proyecto fue concebido como un camino para preservar y potenciar al Estado nacional, jaqueado por transnacionales, potencias extranjeras y el creciente narcotráfico. Hoy observamos con angustia que la medida más importante de este gobierno, la nacionalización de los hidrocarburos, del 1 de mayo de 2006, ha quedado desvirtuada. La segunda disposición legal más importante, la Ley de Investigación de Fortunas, es promulgada en momentos en que el país no avanza en su cohesión interna. El triunfo del país sobre la separatista “nación camba” no ha logrado una mayor integración del pueblo boliviano.
La empresa chilena “Gas de Atacama” propuso pagar la deuda histórica de los manantiales del cantón Quetena (Silala) con un porcentaje de las facturas de gas que importará de Bolivia. Pretende pagar nuestra agua con nuestro gas. La propuesta fue dirigida al Comité Cívico de Potosí y no al Gobierno Nacional. Organizaciones indígenas buscan negociar directamente con entidades internacionales la concesión de recursos renovables. El Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (Conamaq) advierte, en aviso radial, financiado por Dinamarca, que no aceptará que la próxima Ley Marco de Autonomías indígenas, territoriales, departamentales y municipales ponga límites a sus competencias.
Se ha planteado que el ingreso al Colegio Militar se oriente con criterios étnicos y lingüísticos excluyentes. Seguimos recibiendo vergonzosas limosnas foráneas: Carros bomberos de Inglaterra, vehículos para postas de salud de Francia, ambulancias de España, mientras British Gas, Total y Repsol operan con impunidad. Brasil, con sólo prometer seguir comprando gas después de 2019, acentuará aún más su dominio geopolítico sobre Bolivia. Los acuerdos con el FMI y el Banco Mundial bloquean el desarrollo nacional. Por todo lo anterior, necesitamos recuperar el espíritu de la nacionalización de los hidrocarburos, el que, junto a la Ley de Investigación de Fortunas, debería coadyuvar a detener a los disgregadores.
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